Raúl Paredes, conocido en redes como Un Murciano Encabronao, no se presentó al juicio previsto en Sevilla por presuntas injurias y calumnias contra una magistrada, y la vista ha quedado suspendida sine die.
La ausencia no fue un detalle menor. El funcionario judicial salió hasta cuatro veces para reclamar la presencia de Paredes y de su abogado, sin éxito. Después, una vez confirmada la incomparecencia, el juzgado contactó por teléfono con el acusado, que aseguró haber enviado la documentación médica de su letrado. Aun así, en ese momento esa documentación no constaba en los registros del órgano judicial.
Un juicio aplazado y una petición de cárcel de la Fiscalía
La causa parte de unas declaraciones de Paredes contra la magistrada Celia Belhadj-Ben Gómez, la jueza que lo había condenado previamente por mentir sobre Rubén Sánchez, secretario general de Facua. La Fiscalía pide un año y medio de cárcel por injuriar y calumniar a la magistrada.
El 24 de julio de 2024, en un vídeo de más de media hora en YouTube, Paredes dijo sobre la jueza "Tiene un nombre muy peculiar". Al día siguiente, en otro vídeo, añadió referencias a "la ascendencia de esta señora". En esa misma intervención fue más lejos y vinculó esa supuesta ascendencia con su criterio judicial al afirmar que, como él está en contra de "la islamización de España", "la inmigración ilegal" y otras políticas que menciona, la magistrada "por su ideología, su sesgo y su ascendencia" le tenía "cruzado". También sostuvo que Rubén Sánchez era "amigo" de la jueza.
El origen del conflicto con la magistrada
El enfrentamiento judicial no surgió de la nada. Antes de este procedimiento, Paredes ya había sido condenado por vulneración del derecho al honor y a la intimidad de Rubén Sánchez. El motivo fueron unas afirmaciones en redes sociales en las que decía que Sánchez "era adicto a la cocaína" y que "pagaba la droga gracias a las subvenciones que recibía Facua".
Aquella sentencia tuvo consecuencias concretas. El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Sevilla le obligó a publicar el fallo en sus canales de YouTube, iVoox, Facebook y Patreon. Además, fue condenado a indemnizar a Rubén Sánchez con 30.000 euros. Es precisamente la magistrada que intervino en ese contexto la que ahora figura como presunta víctima de las injurias y calumnias investigadas.
La suspensión sine die deja el procedimiento en pausa, pero no resuelve el fondo del asunto. Lo que está en discusión es si las referencias de Paredes a la jueza, mezclando su nombre, su ascendencia y una supuesta parcialidad ideológica, cruzan la línea penal. Por ahora, el proceso queda pendiente de nueva fecha, con una petición de pena de prisión ya formulada por la Fiscalía y con un nuevo capítulo judicial abierto alrededor de unas declaraciones realizadas públicamente en vídeo.