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La campaña de la Renta de 2026 llega con un mensaje bastante claro para el negocio de los creadores de contenido. Hacienda endurece los controles fiscales y pone el foco de forma específica en las actividades económicas digitales, justo en un sector donde los ingresos, los regalos y las sociedades llevan tiempo moviéndose en una zona especialmente vigilada.
No hablamos solo de una revisión de papeles. También cambia el clima comercial alrededor del influencer marketing, porque marcas y agencias intermediarias ya exigen certificados que acrediten estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social antes de sentarse a negociar campañas.
Hacienda puso el foco donde el dinero digital deja más rastro
Ese filtro previo dice bastante sobre el momento. La presión ya no llega únicamente desde la Administración, sino también desde las empresas que contratan a los creadores y que prefieren reducir riesgos antes de comprometer presupuesto publicitario.
Hay una razón muy práctica detrás. Un influencer que supera los 60.000 euros anuales puede pasar de tributar un 47% como autónomo a alrededor del 25% si factura mediante una sociedad, una diferencia lo bastante grande como para explicar por qué esta estructura lleva años en el centro del debate fiscal.
Madrid dejó un precedente concreto en 2022. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció que El Rubius utilizó una sociedad para pagar menos impuestos y le condenó a abonar casi 73.000 euros.
Ahí aparece una de las tensiones de fondo en esta industria. La sociedad puede parecer una vía más eficiente sobre el papel, pero cuando la estructura no responde a una actividad real distinta de la persona que genera los ingresos, el ahorro fiscal puede terminar convertido en sanción.
Las marcas ya no quieren sorpresas antes de firmar una campaña
Mientras tanto, el mercado publicitario también aprieta. Si una marca pide certificados fiscales y de Seguridad Social antes incluso de cerrar una colaboración, el creador no solo se juega una inspección, también puede perder contratos.
La desconfianza no nace de la nada. En 2023, la plataforma de medición Traackr encuestó a 300 profesionales de marketing y un 60% reconoció que menos de la mitad de los influencers que reciben regalos publica contenido sobre ellos.
Ese dato ayuda a entender por qué algunas compañías han optado por exponer el problema en público. Huda Beauty lo hizo en su perfil de Instagram, donde acumula 56 millones de seguidores, al señalar a creadores que revenden productos regalados o cobrados para su promoción.
Los regalos complican una actividad donde no todo ingreso llega en efectivo
Buena parte del negocio funciona con cesiones de producto, viajes o pagos en especie, y ahí la frontera entre promoción, regalo y ganancia patrimonial no siempre resulta intuitiva para quien vive de publicar vídeos, fotos o directos.
Un inspector de Hacienda explicó un caso que lo resume bien. Si un influencer recibe un regalo valorado en 3.000 euros, lo declara como ganancia y luego lo vende por 2.000 euros, no tiene obligación de declarar esa venta porque no existe beneficio.
Esa mecánica no elimina el control, solo aclara dónde está. El regalo inicial sí cuenta fiscalmente como ganancia, aunque la reventa posterior no genere una nueva obligación si el precio final queda por debajo del valor declarado.
Además del dinero y de los regalos, también pesa la residencia fiscal real. Hacienda la determina analizando dónde vive el creador, dónde está su núcleo familiar, dónde desarrolla su actividad principal, dónde tiene intereses económicos y dónde consume.
"En los noventa eran las revistas del corazón las que daban buena cuenta de la salud financiera de los famosos" - Jose Maria Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado
La frase retrata bien un cambio de época. Antes el escaparate estaba en la prensa social y ahora está en las plataformas, en las campañas patrocinadas y en un rastro digital que mezcla ingresos, regalos, residencia y estructuras societarias.
Al final, la diferencia entre tributar un 47% como autónomo o alrededor del 25% mediante una sociedad convive con otro dato menos teórico y bastante más áspero, una condena de casi 73.000 euros en 2022 por usar esa vía para pagar menos impuestos.