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Un juicio aplazado dos semanas terminó concentrando una tensión mucho más amplia entre exposición pública, vigilancia estatal y castigo penal en Cuba. El 1 de octubre de 2026, Anna Sofía Benítez Silvente y su madre, Caridad Silvente, llegaron a la vista oral acusadas de un delito que nace de una grabación hecha en su propia casa.
Todo empezó en marzo de 2026, cuando quedó registrada y luego difundida la visita de un suboficial del Ministerio del Interior que entregó una citación de la Seguridad del Estado en el domicilio de ambas. A partir de ahí, las autoridades encajaron el caso en el artículo 393 del Código Penal, que castiga los actos contra la intimidad personal y familiar con penas de dos a cinco años de prisión.
Desde el 25 de marzo de 2026, ambas permanecen bajo reclusión domiciliaria y tienen prohibido salir del país. Para una creadora cuya actividad depende de publicar, moverse y sostener presencia pública, el proceso no solo plantea un frente penal, también altera por completo su vida diaria.
El juicio llegó después de un primer intento fallido
La vista había quedado fijada primero para el 17 de septiembre de 2026, pero terminó aplazada hasta el 1 de octubre. Ese movimiento no cambió el núcleo de la causa, aunque sí alargó un proceso que ya venía cargado de presión desde la primavera.
A finales de agosto de 2026, Zamira Marrero Morgado, presidenta del Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, rechazó la petición de la defensa para anular el juicio. La defensa sostenía que los hechos imputados no constituían delito.
Marrero Morgado no aparece aquí como una figura menor del engranaje judicial. Integró el tribunal que juzgó a 129 manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021 durante los días 20 y 21 de diciembre de 2021, en un proceso con peticiones de hasta 30 años de prisión por sedición.
La jueza combina ese recorrido con un perfil académico reciente
En abril de 2025, Zamira Marrero Morgado defendió en la Universidad de La Habana una tesis de maestría sobre el interés superior del niño comisor de delito. El contraste entre ese trabajo académico y un caso centrado en la grabación de una citación policial añade una capa incómoda al relato judicial.
Cubalex tomó posición desde una lectura opuesta a la de la acusación y defendió que grabar a la policía es un derecho ciudadano, no un delito. Ahí está una de las claves del caso, porque la discusión ya no gira solo sobre un vídeo concreto, sino sobre quién puede registrar una actuación oficial y pagar o no un precio penal por hacerlo.
En julio de 2026, la presión subió otro peldaño cuando Anna Sofía Benítez Silvente pasó 11 horas retenida en una estación policial de Alamar. Allí denunció amenazas de prisión si continuaba publicando contenido crítico.
"No voy a callarme". - Anna Sofía Benítez Silvente, influencer
La frase resume una posición pública que la causa no ha borrado. También ayuda a entender por qué el expediente desborda el marco estrictamente doméstico y entra de lleno en el terreno del castigo a la visibilidad.
Hasta una visita diplomática mostró que el caso ya había salido del ámbito local
En abril de 2026, el diplomático estadounidense Mike Hammer visitó a Anna Sofía Benítez Silvente y a Caridad Silvente. No es un detalle menor cuando las acusadas siguen bajo arresto domiciliario por una grabación vinculada a una citación de la Seguridad del Estado.
La cifra que termina pesando más es sencilla y dura a la vez. Por grabar y difundir la visita de un suboficial en marzo de 2026, madre e hija afrontan un delito penado con entre dos y cinco años de prisión y arrastran restricciones de movimiento desde el 25 de marzo de 2026.