Las autoridades de Maldivas han deportado a la empresaria madrileña Ana Hernández Sarriá y le han vetado el acceso al país durante una década. Esta sanción extrema responde a una resolución del departamento de inmigración firmada en mayo de 2025.
El motivo central es la realización de negocios sin autorización en la isla de Maafushi. La medida cierra un conflicto comercial que se ha extendido durante meses y que involucra acusaciones graves por ambas partes.
La disputa por la marca Entre Azules genera caos fiscal
Shadow Palm Maldivas, la empresa propietaria del hotel donde operaba la española, acusa a Hernández Sarriá de no abonar facturas por un valor de 117.000 dólares. Además, denuncian la sustracción de mobiliario y enseres al finalizar la relación laboral en mayo de 2024.
El nudo del conflicto reside en el nombre comercial. La marca Entre Azules pertenece legalmente a Shadow Palm Maldivas, aunque sea también el título del libro publicado por la emprendedora. Este solapamiento provoca que las autoridades fiscales realicen consultas constantes al hotel mientras los turistas llegan bajo ese nombre.
«El uso continuado por parte de Ana Hernández nos afecta directamente, ya que las autoridades realizan consultas relacionadas con impuestos y los huéspedes entran en Maldivas bajo el nombre de Entre Azules» - Ali Razzan, dueño de Shadow Palm Maldivas
Razzan explica que dejaron de usar el nombre en promociones para evitar confusiones, pero la situación persiste porque la exsocia lo mantiene activo. Ambas partes habían acordado inicialmente un negocio de retiros donde el hotel aportaba la propiedad y Hernández Sarriá asumía el control operativo y el cien por cien de los beneficios del hospedaje.
Los hechos que precipitaron la ruptura contractual
La colaboración comenzó a deteriorarse en enero de 2024. Tras adquirir una vivienda en España, la empresaria inició un distanciamiento con Shadow Palm Maldivas y empezó a promocionar otros proyectos paralelos.
La ruptura definitiva llegó en mayo de 2024. Hernández Sarriá comunicó la rescisión del acuerdo alegando retrasos en los pagos. Su justificación vinculaba esta decisión con su implicación en la creación de un retiro de buceo en Mauricio.
Aunque reconoció la deuda en una conversación, no realizó el abono tras su salida. Ahora, Ali Razzan ha iniciado un proceso legal para recuperar las cantidades impagadas mientras las autoridades investigan la sustracción de bienes y las actividades irregulares.
Tragedias recientes ensombrecen la seguridad turística
Este caso administrativo coincide con una racha de accidentes mortales en el archipiélago que ha puesto en alerta a la comunidad internacional. Un ciudadano español de 53 años falleció ahogado un lunes mientras practicaba surf en el atolón de Gaafu Dhaalu.
El turista se había desplazado en un barco de excursiones cerca de la isla de Vaadhoo cuando ocurrió el siniestro. La tragedia no terminó ahí, ya que días después cinco submarinistas italianos perdieron la vida durante una inmersión.
La complejidad del lugar donde se encontraban los cuerpos costó la vida también a un buceador del equipo de rescate el sábado siguiente. Estos sucesos subrayan los riesgos inherentes a las actividades acuáticas en la zona.