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El intento de escudarse en el humor no evitó la condena. La Audiencia Provincial de Sevilla ha castigado al abogado y youtuber Pablo Franco por vulnerar el derecho al honor de Rubén Sánchez, secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, después de llamarlo estafador y atribuirle una sentencia inexistente por fraude de subvenciones.
La Sección Sexta dictó el fallo el 1 de octubre y fijó varias obligaciones concretas para Franco. Tendrá que publicar la sentencia en X, leerla en sus dos canales de YouTube, borrar el tuit y los dos vídeos afectados y pagar una indemnización de 6.000 euros a Rubén Sánchez.
La Audiencia rechazó que el vídeo pudiera ampararse en el humor
Pablo Franco defendió en su recurso que actuó con un genuino e innegable animus iocandi. Incluso explicó a los magistrados el sentido del meme de internet Directed by Robert B. Weide para sostener que el vídeo debía entenderse como una pieza humorística.
"Es evidente que existe una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante que no queda amparada por el derecho a la información ni por la libertad de expresión" - magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla
Ahí está el punto clave del caso. El tribunal no discute una broma de mal gusto, sino la difusión de afirmaciones que sitúan a Sánchez en conductas delictivas y que, además, aparecen presentadas como si fueran hechos.
Las acusaciones fueron más allá de una crítica dura
En uno de los vídeos, Franco afirmó sobre la petición de donaciones impulsada por Sánchez que esa conducta "entra como un guante en el delito de estafa". También sostuvo que había engañado a las 1.665 personas que le donaron en 2024 para crear una caja de resistencia.
Después añadió otra acusación en una conversación con Cristina Seguí. Allí aseguró que a Sánchez le constaba una sentencia de la Audiencia Nacional por falsear su número de suscriptores para obtener subvenciones.
La resolución desmontó el dato que Franco presentó como sentencia
La base de esa acusación no era una condena contra Rubén Sánchez ni contra FACUA. En realidad, el documento al que aludía correspondía a un asunto de protección de datos y ordenaba a la Agencia Española de Protección de Datos continuar unas actuaciones inspectoras.
Ese detalle cambia por completo el sentido de lo dicho en pantalla. No habla de fraude de subvenciones, no condena a Sánchez y tampoco sitúa a FACUA como responsable en ese procedimiento.
"Transmitió una información que atenta contra el honor del actor, que no es veraz, sin adoptar las suficientes medidas de diligencia para contrastar que lo que le habían comentado al respecto era cierto" - magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla
Con esa frase, la Audiencia fija el núcleo de la condena. No pesa solo el tono de los mensajes, también pesa que el tribunal apreció falta de diligencia al comprobar los hechos.
De fondo queda una cifra muy concreta y difícil de esquivar. Franco vinculó una supuesta estafa a las 1.665 personas que donaron en 2024, y la sentencia responde con otra precisión igual de directa, la obligación de rectificar en X, leer el fallo en sus dos canales y abonar 6.000 euros.