Con 47 años y una década conviviendo con el Parkinson, Laura Román ha puesto el foco en un punto especialmente sensible para muchas personas con enfermedades degenerativas. Su crítica no apunta al diagnóstico, sino a quién evalúa después la incapacidad laboral permanente y con qué conocimiento real de la patología.
Román, farmacéutica y creadora de contenido, recibió el diagnóstico a los 37 años. Desde su cuenta de Instagram @laurora35 habla de discapacidad y de Parkinson, pero esta vez ha centrado el mensaje en los tribunales médicos de incapacidad permanente del INSS y en la distancia que percibe entre el expediente y la vida diaria del paciente.
Laura Román cuestiona quién decide sobre una enfermedad que empeora con el tiempo
Ahí aparece la parte más dura de su denuncia. Para Román, el problema no es solo administrativo, también es clínico y humano cuando quienes valoran un caso no dominan una enfermedad neurodegenerativa ni el modo en que limita el trabajo y la autonomía.
"Voy a lanzar una crítica bastante dura a esos profesionales que se hacen llamar médicos y que forman parte de tribunales. Esos médicos que no tienen ni idea de lo que es el Parkinson. No tienen ni idea de lo que es una enfermedad neurodegenerativa. Es una enfermedad que no tiene cura, no hay nada que lo frene y cada vez va a peor. Nunca jamás va a mejor". - Laura Román, farmacéutica y creadora de contenido
Su reproche toca una contradicción difícil de ignorar. La valoración de una incapacidad permanente puede condicionar por completo el presente económico de una persona, aunque quien examina el caso, en su opinión, no siempre conoce a fondo una patología que no remite.
Román insiste en que el Parkinson no encaja en una lectura superficial del día a día. Los tratamientos actuales solo alivian síntomas y permiten una vida medianamente normal, pero no eliminan las limitaciones que siguen presentes en la rutina y, por extensión, en el trabajo.
"A día de hoy los tratamientos que existen son solo paliativos, mejoran los síntomas y te permiten hacer una vida medianamente normal. Pero sigues teniendo muchas limitaciones". - Laura Román, farmacéutica y creadora de contenido
Muchos afectados acaban en los juzgados cuando la vía administrativa no basta
El caso de Román conecta con una realidad más amplia en España. Un gran número de ciudadanos termina recurriendo a la vía judicial para obtener el grado de incapacidad laboral permanente después de pasar por la evaluación administrativa del INSS.
No es un matiz menor. Cuando una enfermedad obliga a discutir en tribunales algo tan básico como la capacidad de seguir trabajando, el desgaste no queda solo en el cuerpo, también cae sobre el tiempo, el dinero y la estabilidad personal.
Román describe además el miedo que le produce escuchar casos de personas con esta patología obligadas a reincorporarse a empleos que no pueden asumir. Ahí su crítica deja de ser una queja abstracta y pasa a señalar una consecuencia concreta sobre la vida laboral.
"Nuestro futuro está en manos de personas que desconocen totalmente lo que es una enfermedad neurodegenerativa. Me pongo nerviosa porque cada vez oigo más casos de personas que con esta patología se tienen que incorporar a un trabajo que evidentemente no pueden realizar". - Laura Román, farmacéutica y creadora de contenido
La reclamación de fondo pide especialistas y un trato más humano
Más allá del tono de denuncia, Román plantea una exigencia bastante definida. Reclama que los médicos de esos tribunales sean especialistas en la materia que valoran y que, además, sepan tratar con personas que llegan a esa evaluación en una situación vulnerable.
Laura Román sostiene que los médicos de los tribunales deberían conocer la patología que evalúan. También considera injusto que decisiones tan delicadas recaigan en profesionales que, desde su experiencia, no entienden lo que implica vivir con una enfermedad neurodegenerativa.
Diagnósticada a los 37 y hoy con 47, Román resume esa tensión en una idea incómoda pero concreta. Habla de tratamientos paliativos, de limitaciones que siguen ahí y de personas con Parkinson que acaban en la vía judicial para demostrar que no pueden hacer un trabajo que ya no pueden sostener.