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La denuncia no nace de una polémica pasajera en redes, sino de dos vídeos con llamadas explícitas contra personas LGTBI. Extremadura Entiende ha llevado el caso ante la Delegada de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía por un posible delito de humillación pública, menosprecio de la vida e incitación al odio por motivos de orientación sexual.
El foco está en un influencer cacereño cuya identidad, por ahora, no ha trascendido. Sara Ramos, presidenta de Extremadura Entiende, explicó que por indicaciones de la Fiscalía no pueden dar a conocer el nombre del perfil de la cuenta.
"Por ahora, y por indicaciones de la Fiscalía, no pueden dar a conocer el nombre del perfil de la cuenta" - Sara Ramos, presidenta de Extremadura Entiende
La asociación pide que la Fiscalía examine el caso bajo el artículo 510 del Código Penal. Además, reclama medidas que incluyan la posible retirada de los contenidos, un paso relevante cuando el problema no queda en una declaración aislada, sino en mensajes publicados y difundidos.
El primer vídeo convirtió la amenaza en un mensaje directo
Publicado el 29 de junio, el primer vídeo reúne algunas de las frases más graves incluidas en la denuncia. Entre ellas figuran expresiones literales como “había que fusilar a todos los gais”, “era cogerlos y matarlos” y “agarrarlos y meterles una paliza y dejarlos por ahí partidos”.
No hablamos de una formulación ambigua ni de una provocación fácil de encajar como exceso verbal. Las frases citadas plantean violencia explícita contra personas gais, y esa literalidad explica que la asociación haya acudido a la vía penal.
El segundo vídeo amplió los ataques a más colectivos
Después, el 5 de julio apareció una segunda publicación con un alcance más amplio en sus insultos. El contenido arremete contra familias homoparentales, personas de otras nacionalidades y mujeres.
Ahí el autor sostiene que retiraría la custodia de los hijos a las familias homoparentales por considerarlas “antinaturales”. También asegura que gais y lesbianas tienen prioridad para acceder a viviendas de protección oficial.
Ese salto importa porque el caso ya no gira solo en torno a un mensaje contra un colectivo concreto. El segundo vídeo sumó ataques a familias, personas migrantes y mujeres, lo que ensancha el alcance de lo denunciado ante la Fiscalía.
Mientras Cáceres celebraba el Orgullo, la denuncia tomó otra dimensión
Unos días antes, el sábado 27 de junio, Cáceres había celebrado la manifestación del Orgullo LGTBI. Alrededor de 400 personas participaron en una marcha que arrancó a las ocho de la tarde desde la avenida de España, junto a la estatua de Gabriel y Galán.
Ese dato sitúa mejor la tensión del caso. En la misma ciudad en la que centenares de personas salieron a la calle para visibilizar derechos y apoyo, la denuncia recoge después mensajes que llaman a fusilar, matar o golpear a personas por su orientación sexual.
La secuencia queda fijada por las fechas y por el contenido. Primero, una marcha con unas 400 personas el 27 de junio. Después, un vídeo publicado el 29 de junio y otro el 5 de julio que la asociación quiere que la Fiscalía valore bajo el artículo 510 del Código Penal.