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Una grabación hecha en la puerta de casa y subida a redes sociales ha terminado en condena. Un tribunal de La Habana declaró culpables a Anna Sofía Benítez Silvente, de 21 años, y a su madre, Caridad Silvente, por actos contra la intimidad personal y familiar.
La sanción impuesta es de dos años de limitación de libertad. No implica ingreso en prisión, pero sí les prohíbe salir del país, un detalle que convierte una pena sin cárcel en una restricción muy concreta sobre la vida diaria.
El caso nació cuando un agente acudió a su vivienda para entregar una citación
Todo arranca el 10 de marzo, cuando un agente del Ministerio del Interior fue a su vivienda para entregar una citación. La causa judicial se abrió por la grabación y difusión en redes de ese momento, no por otra actuación posterior.
Ahí aparece una de las tensiones centrales del caso. La citación entregada a la madre no especificaba el motivo, los firmantes figuraban solo con su nombre de pila y además exigía comparecer al día siguiente, pese a que el plazo legal es de 72 horas.
Al terminar la vista oral, Anna Benítez expresó su rechazo a lo ocurrido.
"Realmente esto es una injusticia" - Anna Benítez
Después fue más allá y vinculó el proceso con su actividad en internet. Anna Benítez sostuvo que todo esto era "un circo" y que la estaban poniendo en esa situación cuando ella solo había dicho lo que piensa en redes sociales de manera respetuosa.
El Ministerio del Interior defendió que aquí se castiga la difusión y no la grabación
La versión oficial intenta trazar una frontera clara entre grabar y publicar. El Ministerio del Interior afirmó que un caso judicial no se decide en redes sociales y remarcó que grabar no es delito, pero difundir sin consentimiento puede serlo.
En su comunicado, el ministerio insistió en que el Código Penal cubano tipifica el delito contra la intimidad personal y familiar. También recalcó que, a su juicio, presentar el proceso como un castigo por grabar a un funcionario reduce el alcance real de la acusación.
Esa defensa institucional convive con otra idea igual de nítida. El propio ministerio sostuvo que la libertad de expresión es un derecho fundamental, aunque no ampara la exposición de la intimidad ajena.
El recurso todavía depende de un plazo corto y de una decisión familiar
Roberto Ortega, abogado vinculado al caso, explicó que el Tribunal cubano emitirá el fallo por escrito en unos 15 días aproximadamente. A partir de ahí arrancará el periodo para presentar un recurso de apelación.
Ortega precisó que ese margen será de 10 días hábiles y añadió que la decisión de recurrir solo depende de Bensi y su madre. En la práctica, el calendario judicial deja poco tiempo para reaccionar una vez llegue la resolución escrita.
Mientras tanto, varias organizaciones de derechos humanos ya han fijado posición. Cubalex, Justicia 11J y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncian que el caso encaja en un patrón de censura y represión.
La condena dibuja así un choque difícil de ignorar entre el argumento oficial sobre privacidad y las denuncias de castigo por la actividad en redes. Dos años de limitación de libertad sin cárcel, pero con prohibición de salir del país, bastan para medir hasta qué punto una publicación puede acabar teniendo efectos muy fuera de la pantalla.