BYD ha decidido llevar su batalla reputacional a los tribunales. La marca ha emprendido acciones legales contra 37 cuentas de influencers y mantiene a otras 126 bajo vigilancia interna por difundir información falsa que, a juicio de la empresa, perjudica su imagen.
El movimiento no retrata un roce aislado con creadores de contenido, sino algo más amplio. BYD sostiene que los ataques forman parte de una actuación organizada y coordinada, un detalle que cambia la lectura del conflicto cuando buena parte del público chino sigue la actualidad del motor y la tecnología a través de perfiles personales en redes sociales.
BYD lleva el conflicto a un terreno donde el castigo ya tiene cifras
Las primeras condenas no quedaron en una simple rectificación. Incluyeron disculpas públicas y multas de unos 12.000 euros, una señal de que el coste de publicar acusaciones falsas puede ir bastante más allá de borrar un vídeo o cerrar un perfil.
Algunos casos ya muestran una escala muy distinta. El influencer Long Ge recibió una multa de 293.000 euros, mientras que los canales Long Zhu Ji Che y Da Qin Jun Shan Tuan afrontan sanciones superiores a 260.000 euros cada uno.
Ahí está una de las claves del caso, porque las sanciones ya se mueven entre unos 12.000 y 293.000 euros. Para cualquiera que viva de la visibilidad digital, la diferencia entre una polémica rentable y un problema judicial puede volverse muy tangible.
Mientras las redes multiplican el alcance, la empresa guarda pruebas de cada mensaje
Li Yunfei, gerente general del Departamento de Marca y Relaciones Públicas de BYD, ha sido la cara visible de esta respuesta pública y judicial.
"Todas las publicaciones y los hilos de comentarios relevantes se conservan como prueba legal" - Li Yunfei, gerente general del Departamento de Marca y Relaciones Públicas de BYD
La frase importa por lo que sugiere sobre el método. No se trata solo de señalar vídeos concretos, sino de conservar también conversaciones y cadenas de comentarios, justo donde una acusación puede ganar volumen, matices y apariencia de verdad en cuestión de horas.
El 4 de junio apareció otro ejemplo de esa presión. Qian Zuping publicó una disculpa pública por vídeos difundidos en 2023 y 2024, eliminó todo su contenido y cerró sus cuentas en Douyin y Bilibili.
Además, el propio creador explicó que cobra 250 euros al mes y pidió clemencia al conocer las sanciones aplicadas en otros casos. Ese contraste entre ingresos modestos y multas de seis cifras da una idea del riesgo real que afrontan quienes acaban en el punto de mira.
China depende de los influencers para informarse y eso vuelve más frágil la reputación de las marcas
En China, gran parte de la población se informa a través de perfiles y canales de influencers porque no existe una prensa especializada consolidada. Eso convierte a estos intermediarios en algo más que simples altavoces publicitarios, ya que también moldean la percepción pública de fabricantes y productos.
Cuando ese sistema funciona bien, acerca la información al usuario. Cuando falla, cientos de miles de cuentas falsas y bots entran en juego y el ruido deja de parecer espontáneo para convertirse en una maquinaria difícil de desactivar.
El problema no afecta solo a BYD. El Gobierno chino ha iniciado una investigación sobre una campaña de difamación contra Xiaomi que comenzó a finales de 2024 y que implica precisamente cientos de miles de cuentas falsas y bots en redes sociales.
Visto así, la ofensiva judicial de BYD encaja en un escenario donde la disputa no gira solo alrededor de coches o marcas, sino de quién controla el relato cuando la audiencia confía más en un canal personal que en una cabecera especializada. El caso más duro ya alcanzó una multa de 293.000 euros, una cifra difícil de ignorar en un ecosistema que vive de publicar cada día.