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Meta llega este martes 18 de agosto al tribunal federal de Oakland con una acusación que toca una de las preguntas más incómodas del negocio de las apps. No gira solo alrededor de Instagram o Facebook, sino de si una gran plataforma diseñó funciones para enganchar a sus usuarios y ocultó al público los riesgos reales.
La vista arranca con un calendario largo, ya que el juicio podría extenderse durante unas seis semanas, y con una mecánica poco habitual para el lector común. Habrá un jurado de ocho miembros, pero su papel será consultivo y la última palabra sobre el veredicto y las sanciones quedará en manos de la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers.
Decenas de estados llevan a Meta a juicio por el diseño de sus apps
La demanda nació en 2023, cuando decenas de estados acusaron a Meta de crear de forma intencionada funciones adictivas y de vulnerar leyes de protección al consumidor. Ahora la jueza escuchará las reclamaciones de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que sostienen que la empresa engañó al público sobre la seguridad de sus aplicaciones.
A la vez, esos cuatro estados y otros 25 añaden otra pieza delicada para cualquier servicio digital con público joven. Acusan a Meta de infringir la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet al saber que Instagram y Facebook tenían usuarios menores de 13 años y recopilar sus datos sin permiso.
Visto desde fuera, el caso mezcla dos frentes que suelen aparecer separados. Por un lado está la supuesta adicción al uso y, por otro, la gestión de cuentas infantiles y sus datos, una combinación que eleva el riesgo económico y también el desgaste público para la empresa.
"Los fiscales generales de los estados pueden llamar a esto un caso emblemático, pero sus reclamaciones limitadas carecen de fundamento y sus demandas financieras son enormemente desproporcionadas" - portavoz de Meta
Meta no discute solo el fondo del caso, también discute el tamaño del castigo que piden los estados. En un documento judicial, la empresa indicó que las administraciones buscan sanciones de hasta 1,4 billones de dólares.
La pelea por el dinero ya muestra una distancia difícil de encajar
Yvonne Gonzalez Rogers ya dejó claro que no compra ninguno de los dos extremos. La jueza calificó esa cifra de 1,4 billones de dólares de irrazonable, pero tampoco aceptó la estimación de Meta, que rebajaba el alcance económico del litigio a 4 millones de dólares.
Esa diferencia explica buena parte de la tensión del proceso. Entre 1,4 billones y 4 millones no hay una discusión técnica menor, sino dos lecturas casi incompatibles sobre el daño atribuido a las plataformas y sobre cuánto puede costar diseñar una app que, según los estados, no era tan inocua como parecía.
No llega Meta a esta cita precisamente descansada. La compañía gastó 2.400 millones de dólares en costes legales durante el segundo trimestre de 2026, una factura que ayuda a medir hasta qué punto los tribunales se han convertido en una línea de gasto propia.
Mark Zuckerberg podría volver a defender que Instagram no busca enganchar
Entre los testigos probables figuran Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta, y Adam Mosseri, jefe de Instagram. La presencia de ambos convierte el juicio en algo más que una discusión entre abogados, porque pone bajo foco a quienes dirigen las decisiones de producto.
Zuckerberg ya dejó una frase útil para entender la defensa de la empresa en otro juicio celebrado en Los Ángeles en febrero. Allí declaró que Instagram está diseñado para ser "útil" y no adictivo.
"Los fiscales generales no ofrecen ninguna prueba de que alguien en sus estados fuera engañado, afirman que características benignas como tener una cuenta adicional de Instagram dañaron de alguna manera a sus residentes, e intentan penalizar a Meta por desafíos de toda la industria como la verificación de edad" - portavoz de Meta
Ese argumento intenta mover el debate hacia un terreno más amplio, el de problemas que no serían exclusivos de una sola compañía. La verificación de edad aparece ahí como ejemplo claro, porque afecta a casi cualquier plataforma social que quiera impedir el acceso de menores sin pedir más datos de los necesarios.
Al mismo tiempo, los estados centran la discusión en una conducta concreta de Meta, no en una dificultad general del sector. La acusación sostiene que la empresa conocía la presencia de menores de 13 años en Instagram y Facebook y aun así recopiló sus datos sin permiso.
Los reveses previos aumentan la presión sobre una empresa ya golpeada en otros tribunales
Meta tampoco entra en Oakland sin antecedentes recientes. Jurados en Los Ángeles y en Nuevo México ya fallaron contra la compañía en juicios anteriores sobre asuntos similares, aunque la empresa ha indicado que apelará en ambos casos.
Ahí aparece una contradicción relevante para cualquier lector que use estas apps a diario. Meta defiende que algunas funciones cuestionadas son benignas, pero al mismo tiempo ya arrastra pronunciamientos adversos en otros tribunales, algo que complica vender la idea de que todo responde a una interpretación exagerada de los estados.
Desde fuera, también llama la atención la forma en que se repartirá el poder dentro de la sala. Habrá ocho jurados escuchando el caso, pero la jueza tendrá el poder total sobre el veredicto final y las sanciones, de modo que el desenlace dependerá menos del dramatismo de cada testimonio y más de cómo encajen las pruebas en la ley.
Quien quiera seguir el proceso no tendrá que esperar a los resúmenes del día. El tribunal transmitirá en directo el audio del juicio por su canal de YouTube mientras Meta intenta alejar una cifra que la jueza ya llamó irrazonable y los estados sostienen que la empresa sabía que había menores de 13 años en Instagram y Facebook.