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Meta afronta una amenaza judicial que no se parece a ninguna otra que haya tenido delante. Cuatro estados de Estados Unidos reclaman sanciones de hasta 1,4 billones de dólares por el supuesto diseño adictivo de Facebook e Instagram y por haber engañado al público sobre la seguridad de ambas aplicaciones.
La cifra impresiona por una razón muy concreta. los 1,4 billones de dólares rozan la capitalización de mercado de Meta, situada en 1,5 billones, así que el castigo potencial se acerca al valor que el mercado atribuye hoy a toda la compañía.
Cuatro estados llevaron el conflicto a una escala que Meta no había visto
California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey calcularon esas sanciones a partir del número de usuarios jóvenes supuestamente afectados y de las multas previstas en sus leyes estatales. Ahí está el núcleo del caso, porque no discuten solo un producto o una campaña, sino el efecto acumulado de plataformas con uso masivo entre menores.
Meta intenta desmontar esa lógica con un argumento de base jurídica y médica. La empresa niega las acusaciones y sostiene que la adicción a las redes sociales no es una condición psiquiátrica establecida.
"Una sanción de ese tamaño no tiene análogo en la historia de la aplicación de la protección al consumidor" - abogados de Meta
El debate no gira únicamente alrededor del dinero. También toca un terreno incómodo para cualquier plataforma que vive de retener atención durante horas y luego debe explicar dónde termina el hábito y dónde empieza un daño reconocible.
La discusión sobre la adicción dejó de ser solo cultural y ya está en los tribunales
Adam Mosseri, responsable de Instagram, había comparado antes esta situación con estar enganchado a una serie de Netflix. Esa comparación ayuda a entender la defensa pública de la empresa, porque desplaza el problema desde el diseño de la app hacia un comportamiento cotidiano que millones de personas consideran normal.
La Asociación Americana de Psiquiatría introdujo un matiz que complica esa defensa. Aclara que la adicción a las redes sociales no figura actualmente como diagnóstico en el DSM 5 TR, pero añade que esa ausencia no prueba que no exista.
Esa tensión importa porque el caso no depende solo de una etiqueta clínica. También depende de si los jueces aceptan que Meta presentó Facebook e Instagram como entornos más seguros de lo que realmente eran para los usuarios jóvenes.
Agosto concentrará otro frente mientras febrero de 2027 abrirá uno más
En agosto, la jueza de distrito de Estados Unidos Yvonne Gonzalez Rogers abordará en un mismo juicio las reclamaciones de esos 29 estados y las demandas de los cuatro que exigen hasta 1,4 billones de dólares. No será el único calendario abierto para la empresa.
Otros 14 estados ya presentaron reclamaciones basadas en leyes locales y ese bloque irá a un juicio separado en febrero de 2027. Meta también afronta demandas de otros 29 estados por recopilar datos de menores sin el consentimiento parental exigido por la Ley Federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet.
Las cifras previas muestran que el problema ya cuesta dinero real
Ya hay antecedentes recientes que rebajan cualquier idea de batalla simbólica. Un jurado concedió a Nuevo México 375 millones de dólares tras concluir que Meta engañó a los consumidores de ese estado.
Además, Meta y otras redes sociales pagaron 27 millones de dólares para cerrar una demanda de un distrito escolar de Kentucky por acusaciones similares. Entre esos 27 millones y los 375 millones ya adjudicados hay una distancia enorme respecto a 1,4 billones, pero ambas cifras muestran que la discusión ya no vive solo en titulares ni en debates sobre hábitos digitales.