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Europa quiere intervenir donde hasta ahora dominaban los menús de configuración, los controles parentales opcionales y la buena voluntad de las plataformas. La propuesta de Ley de Infancia de la Unión Europea, presentada el 17 de septiembre de 2026, plantea una barrera clara para el uso de redes sociales y apunta de lleno a funciones que hoy forman parte del diseño cotidiano de muchas apps.
La medida más visible afecta a la edad de entrada. Los menores de 13 años no podrían acceder a redes sociales, mientras que quienes tengan 13 y 14 años solo podrían usarlas bajo supervisión parental y no crearían cuentas propias hasta los 15.
La Comisión Europea pone el foco en el diseño que más engancha
No se trata solo de pedir una fecha de nacimiento al registrarse. La propuesta obligará a las plataformas a retirar algoritmos de recomendación, desplazamiento infinito, notificaciones automáticas nocturnas y el contacto no solicitado de desconocidos en las cuentas afectadas por la norma.
Ahí está una de las claves prácticas del texto. Para un adolescente, la experiencia dejaría de parecerse a la de TikTok, Instagram o cualquier red pensada para retener atención durante minutos que acaban siendo horas.
Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, enmarca la ofensiva en el impacto que estas plataformas tienen sobre los menores.
"Hoy existe un sólido conjunto de pruebas sobre el daño que las redes sociales causan a un cerebro y una personalidad en desarrollo, y los padres ven demasiado bien los efectos de esto". - Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea
Junto a las redes sociales, el texto también entra en otros servicios digitales que suelen quedar fuera de este debate. Los menores de 13 años podrán usar plataformas de vídeo infantil mediante cuentas gestionadas por sus tutores, con un máximo de una hora de pantalla al día.
Entre los 13 y los 14 años habrá subcuentas con acceso supervisado. Esas cuentas quedarán limitadas a una hora diaria y restringirán el contacto social, una combinación que cambia tanto el tiempo de uso como el tipo de interacción permitido.
La verificación de edad llega, pero no despeja las dudas técnicas
Bruselas quiere que el control no dependa solo de lo que declare el usuario. Las plataformas deberán verificar la edad al abrir nuevas cuentas y, para calcular la de usuarios actuales, utilizarán datos de tarjetas de crédito.
Al mismo tiempo, las aplicaciones deberán recurrir a herramientas de verificación que no guarden documentos de identidad ni datos biométricos. El equilibrio no es menor, porque la norma exige comprobar más sin acumular la información más sensible.
Bernhard Rohleder, consejero delegado de la asociación alemana BITKOM, cuestiona precisamente ese punto y también el encaje legal del plan.
"La verificación de la edad sigue siendo un reto técnico, y la regulación paralela a las leyes existentes como la Ley de Servicios Digitales es problemática e innecesaria". - Bernhard Rohleder, consejero delegado de BITKOM
Además, los asistentes de inteligencia artificial deberán venir desactivados por defecto y no podrán fomentar dependencia emocional. No es un detalle menor cuando muchas plataformas ya empujan chatbots y asistentes como parte central de la experiencia.
Europa endurece las sanciones y acelera la aplicación en 90 días
La Comisión Europea no descarga toda la responsabilidad sobre las familias. Von der Leyen también dejó claro que el límite de edad no exime a las tecnológicas por el contenido que circula en sus servicios.
"Para que quede muy claro, un límite de edad no significa dejar a las empresas tecnológicas libres de responsabilidad por el contenido de la plataforma. Las plataformas han estado jugando con la salud mental de nuestros niños. Ahora estamos invirtiendo la carga de la prueba". - Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea
Si la norma avanza, las empresas tendrán que presentar planes de cumplimiento y afrontar multas de hasta el 6% de su facturación anual mundial. Para cualquier gran plataforma, ya no hablamos de una advertencia simbólica, sino de una presión económica directa.
Son cifras pensadas para un mercado de unos 450 millones de personas. Y aun así, el precedente francés recuerda que el choque no será solo técnico ni comercial, porque el máximo tribunal de Francia ya bloqueó una propuesta similar al considerar que vulneraba la libertad de expresión.