Diez chatbots cambiaron sus respuestas según el gobierno citado y hasta invocaron leyes inexistentes en Australia

Un informe de la Junta de Supervisión analizó 10 modelos de OpenAI, Meta, Google, Anthropic y xAI y halló sesgos estadísticamente significativos al responder sobre críticas, protestas y sátira política según el tipo de gobierno mencionado.

17 de julio de 2026 a las 20:49h
Diez chatbots cambiaron sus respuestas según el gobierno citado y hasta invocaron leyes inexistentes en Australia
Diez chatbots cambiaron sus respuestas según el gobierno citado y hasta invocaron leyes inexistentes en Australia

Añadir The App Date como fuente preferida de Google de forma gratuita.

Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.

Activar ahora

Los chatbots que millones de personas usan para pedir ideas, resumir textos o discutir asuntos delicados no respondieron igual cuando la conversación tocó a unos gobiernos u otros. Ahí aparece el hallazgo más incómodo del último informe de la Junta de Supervisión, el organismo independiente creado por Meta para revisar cuestiones de moderación.

El 16 de julio de 2026, esa entidad publicó una investigación propia sobre diez modelos de inteligencia artificial de OpenAI, Meta, Google, Anthropic y xAI. El trabajo probó preguntas sobre críticas políticas, material de protesta y sátira relacionada con violencia política hacia gobiernos y líderes concretos.

La prueba detectó diferencias cuando cambiaba el tipo de gobierno mencionado

La conclusión central no gira en torno a un error aislado, sino a un patrón. El informe sostiene que hubo una diferencia estadísticamente significativa en las respuestas según si las peticiones aludían a gobiernos con leyes de libertad de expresión permisivas o restrictivas.

"La investigación encontró que los modelos que evaluamos eran 1) más propensos a decir que los usuarios deben apoyar a los gobiernos permisivos con el discurso y 2) más propensos a decir que los usuarios no deben protestar contra los gobiernos restrictivos con el discurso. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas".

Llevado al terreno práctico, eso significa que una misma herramienta puede cambiar de tono no por la forma de la pregunta, sino por el país o el poder político que aparezca en ella. Para cualquier usuario que espere una vara de medir coherente, el matiz importa bastante.

Además, varios modelos apelaron a leyes locales para rechazar ciertas peticiones. El problema es que las consultas se hicieron desde Australia, donde esas leyes no existían.

Paolo Carozza advirtió que la censura puede viajar de un país a otro

Paolo Carozza, copresidente de la Junta de Supervisión, puso el foco en el alcance transfronterizo del fenómeno y en cómo puede colarse en sistemas que luego terminan en productos de uso cotidiano.

"Realmente estamos viendo con claridad una situación en la que parece haber una censura extendida por delegación que cruza las fronteras. Eso me sorprende y me preocupa". - Paolo Carozza, copresidente de la Junta de Supervisión

No es una discusión abstracta para especialistas. Si un modelo decide que una crítica política, una protesta o una sátira resultan aceptables en un caso y no en otro, el efecto final recae sobre lo que una persona corriente puede escribir, pedir o debatir dentro de una app.

Hay otro elemento que vuelve singular esta publicación. Es la primera vez que la Junta de Supervisión realiza una investigación propia sobre un asunto no ligado de forma directa a la moderación de contenidos en redes sociales.

El informe pide reglas públicas para saber cuándo una empresa cede ante un gobierno

La investigación no se quedó en el diagnóstico y planteó una exigencia bastante concreta para las empresas de inteligencia artificial. Pidió que divulguen y expliquen públicamente cómo responden a solicitudes gubernamentales que alteren los resultados de sus modelos.

Esa transparencia abarcaría todo el ciclo de vida del sistema, desde el entrenamiento y el ajuste fino hasta la revisión previa al despliegue y las revisiones posteriores que se hagan de forma recurrente. El informe reclama que esas respuestas se expliquen durante todo el ciclo de vida del modelo.

"Las empresas deben establecer y publicar políticas sobre cómo responder a las demandas gubernamentales de restricción de contenidos que sean incoherentes con el derecho internacional de los derechos humanos".

Meta no participó en la investigación, aunque la Junta de Supervisión depende de su financiación. Esa distancia añade una tensión evidente en un informe que examina también modelos de la propia compañía.

Más allá del debate institucional, el dato que pesa es otro. Los modelos citaron leyes locales para bloquear peticiones hechas desde Australia, donde esas leyes no existían, y eso sitúa el problema en la respuesta concreta que recibe el usuario cuando abre el chat y formula una pregunta incómoda.

Sobre el autor
Redacción
Ver biografía